En medio de la discusión institucional por la Asamblea de Belgrano, Claudio Giomi se refirió a la situación luego de la audiencia realizada en el Juzgado en lo Civil y Comercial de 26ª Nominación, a cargo de Eduardo Chiavassa.
El encuentro judicial se produjo después de que un grupo de ocho socios, todos ellos exintegrantes de la conducción del club, solicitara suspender la realización de la Asamblea. Desde la dirigencia de Belgrano sostienen que el procedimiento se llevó adelante respetando los pasos legales y administrativos correspondientes.
Giomi continuó: “Su único punto de planteo es que se suspenda la realización de la Asamblea. Sobre ese punto, no se logró avanzar. Son los mismos argumentos que se interpretó a IPJ. La Asamblea es para realizar todos los planteos y sujeciones, e incluso para que los socios se expresen”.
Además, el secretario general del Pirata remarcó que la propuesta será puesta a consideración de los asociados y señaló que la institución solicitó la presencia de veedores de la Inspección de Personas Jurídicas.
“Nosotros ratificamos que trabajamos de manera conforme a derecho y la legalidad, con los plazos correspondientes. La propuesta se va a poner en consideración de los socios y vamos a poder discutir cada uno de los puntos que se expondrán. Hemos pedido a IPJ que envíe veedores.”
Otro de los puntos destacados por Giomi estuvo relacionado con la participación de los socios en la vida institucional del club y la intención de ampliar la cantidad de asociados habilitados para intervenir en las decisiones.
“Nosotros hemos sido proclives a generar la participación y escuchar a los socios. Pareciera que esta voluntad de que más de 15.000 socios que tienen la participación vedada, tengan participación, no es del agrado de todos… Todos sabemos que el mejor seguro para el club es que cada socio se sienta parte de las decisiones, así lo marca nuestra historia”, cerró Claudio Giomi.
Del otro lado, Martina Masriera, abogada que representa al grupo de socios que realizó la presentación judicial, planteó cuestionamientos vinculados al padrón, la cantidad de asociados habilitados y la modalidad prevista para tratar los artículos de la reforma. Además, dejó abierta la posibilidad de avanzar posteriormente con una impugnación de lo que se resolviera en la Asamblea.
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